Más casos en Bahía Blanca

Instalan antenas de telefonía celular a pocos metros de centros de salud para enfermos de cáncer.

(168 Horas – INFOCÍVICA - miércoles 19 de septiembre de 2007)

Dos antenas de telefonía celular avanzan, amenazantes, sobre los pobladores del barrio Villa Amaducci, de Bahía Blanca. Mientras tanto, la denuncia de los vecinos deambula por los tribunales de la provincia de Buenos Aires. En el medio, la normativa que los aparaba y les daba la razón es modificada por la Secretaría de Política Ambiental provincial. Pero los reclamos siguen, avalados por principios constitucionales.

La demanda fue realizada a fines del año pasado por la Sociedad de Fomento barrial, con el asesoramiento jurídico de la Red de Abogados Voluntarios de la Fundación Poder Ciudadano. Y se basó en la resolución 900/05 de la Secretaría de Política Ambiental, que prohibía “la radicación de instalaciones generadoras de campos electromagnéticos en el rango de frecuencias mayor a 300 KHZ en un radio menor o igual a 100 metros de los siguientes lugares: espacios verdes públicos, lugares históricos, hospitales, centros de salud, institutos de diagnóstico y/o tratamiento, clubes deportivos, jardines de infantes, escuelas, colegios, universidades, geriátricos, estaciones de servicio de combustibles y/o depósito de combustibles, playas de maniobras de camiones transportadores de combustibles o sustancias explosivas, depósitos de explosivos”.

En efecto, las dos antenas (de CTI y Movistar en este caso) se ubican a menos de 100 metros de distancia de la misma Sociedad de Fomento barrial (que dispone de salas médicas), de la Asociación Ayuda-Le (un centro de salud para enfermos con leucemia y cáncer), y de un predio de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer, en el que se prevé construir casas para enfermos. También están cerca el Pequeño Cottolengo José Nascimbeni, un surgente de agua potable y la plaza Capitán Luciano Guadagnini, donde se desarrollan actividades para los niños que juegan allí diariamente. Y, si alguna enfermedad tiene contraindicada la acción de las antenas emisoras-receptoras de microondas es, precisamente, el cáncer, y específicamente la leucemia.

Pero algo se interpuso en la demanda. En febrero de este año, la Secretaría de Política Ambiental provincial dejó sin efecto la resolución en la que se basa la denuncia, a través de otra resolución: la 144/07. La demanda de la Sociedad de Fomento interpone una acción de Protección y Reparación Ambiental contra las empresas mencionadas, pero también contra la Municipalidad de Bahía Blanca y la Secretaría de Política ambiental de la provincia de Buenos Aires, con el fin de obtener el desmantelamiento y el retiro de las antenas. Sucede que antes de realizar la demanda, la Sociedad de Fomento barrial realizó múltiples reclamos ante el municipio de Bahía Blanca, que respondió, en mayo de 2006, que iba a elevar el informe a la Secretaría de Política Ambiental. Y lo hizo, en agosto de ese mismo año, sin obtener respuesta alguna.

La demanda, entonces, fue interpuesta ante el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1 de Bahía Blanca, que entendió, luego de anulada la resolución en la que se basaba el reclamo, que no estaba científicamente comprobado que las radiaciones afectaran la salud de las personas. “El Juez dicta resolución aplicando los clásicos principios de las medidas cautelares y, olvidando el principio precautorio, declara que es prematura una resolución de cese de las actividades causantes del daño al ambiente y a la salud. Para desestimarla, el juez ha tenido presente la resolución 144/07, que dejó sin efecto las pautas de la 900/5”, explicó Manuel Sáez, abogado de la Red de Abogados Voluntarios de Poder Ciudadano que patrocinó la demanda.

Sin embargo, la demanda también se basa en principios constitucionales, tanto de la Constitución provincial como de la nacional. “No obstante, no hay que olvidar que aún cuando no existiese la resolución 900/05, siendo peligrosas dichas instalaciones, accionamos para que se decrete el cese definitivo de la irradiación en los términos de los artículos 41 de la Constitución Nacional y 28 de la Constitución Provincial, ambos ‘vigentes’ y aplicables en autos”, establece el texto de la demanda. Por esa razón, Sáez destaca que ahora siguen en la búsqueda de declarar inconstitucional la resolución 144/07. Ambos artículos constitucionales se refieren, precisamente, al derecho a un ambiente sano apto para el desarrollo humano.

Según consta en la demanda, sólo en los últimos dos años, en un radio de 150 metros alrededor de las antenas, “se registraron tres casos de personas jóvenes sanas que enfermaron de cáncer y hoy están todas fallecidas”. Y agrega que “también se pueden apreciar árboles secos en ese lugar”.

Y destaca que las antenas ubicadas sobre las torres (una torre autosoportada de 60 metros y otra torre autosoportada de 35 metros) “se caracterizan por la emisión de radiaciones electromagnéticas no ionizantes que son causantes de diversos males para la salud y el medio ambiente”. Así, denuncia que “la exposición a distancias cortas de estos artefactos produce el calentamiento de los tejidos humanos y es toxicogénico, por eso se encuentra absolutamente prohibida la exposición de las personas a su irradiación incluso en los países más avanzados”. Sáez agrega: “La resolución 900/05 representaba un avance de la provincia en materia de radiación de microondas, existente ya en Estados Unidos y en Europa. Y de repente retrocede y vuelve al estado anterior”.

Para mayor información, comunicarse con Manuel Sáez, abogado de la Red de Abogados Voluntarios de Poder Ciudadano, al (0291) 452-9096.

Telefónica incumple los contratos

Los residentes demandan a la operadora por no retirar la estación de telefonía
JOSE A. RICO




La Comunidad de Propietarios del edificio Puerta Grande de El Campello ha presentado en los tribunales una demanda contra Telefónica Móviles, en la que denuncian que esta operadora lleva un año emitiendo sin permiso desde la antena que instaló en el inmueble hace ya once años.

Según explican en el escrito presentado ante el Juzgado de Primera Instancia de San Vicente del Raspeig, el 1 de septiembre de 2006 expiró el contrato con la operadora de telefonía, que no era prorrogable, y los vecinos acordaron no renovarlo, comunicando con más de cuatro meses de antelación - el 27 de abril de 2006 - esta decisión, un tiempo que consideran más que suficiente.

Tal y como ya informó este medio, los vecinos han pedido desde entonces ayuda al Ayuntamiento y recogido firmas en colaboración con el colegio Pla Barraques, que está a menos de 100 metros del inmueble, sin que sus peticiones hayan tenido éxito. En la denuncia explican que antes de proceder judicialmente han intentado de forma reiterada que Telefónica desconectara la antena y procediera a su desmontaje.

Ahora, los residentes han decidido llevar el tema hasta los tribunales, ya que advierten que Telefónica «no ha cumplido con su parte y continúa utilizando la antena de telefonía en la azotea de la comunidad». Además de solicitar por vía judicial la rescisión del contrato y la retirada de la antena, la Comunidad de Propietarios pide al juez como medida cautelar el corte del suministro eléctrico para evitar que la antena siga funcionando en el edificio. Del mismo modo reclama que el juez condene a la mercantil a realizar y pagar las obras necesarias para devolver a su estado original la azotea del edificio, así como reclama cobrar todos los meses que la mercantil ha estado utilizando la antena desde que finalizó el contrato de arrendamiento el 1 de septiembre de 2006.

Este caso ha provocado una movilización de los vecinos y también de los padres del colegio. La Ampa del Pla Barraques y los residentes de Puerta Grande cuentan con el respaldo de los padres de los colegios Fabraquer y Altamira, de la Gestora de Asociaciones de Vecinos y de EU, que han reclamado al Ayuntamiento la creación de una ordenanza que aleje las antenas de telefonía de los centros educativos y sanitarios y las saque del casco urbano.

Con una campaña contra estas antenas los vecinos y las Ampa recogieron más de 2.400 firmas. Además, los residentes de Puerta Grande, edificio que está situado frente al Pla Barraques y muy cerca del IES Enric Valor, en la avenida Ausias March, se muestran muy preocupados porque desde que se instaló la antena en 1996 han aparecido entre los vecinos al menos nueve casos de cáncer.

Desde el Ayuntamiento se ha rechazado crear una ordenanza, ya que afirman que regular este tema es una competencia estatal y recuerdan que no hay pruebas que demuestren que son perjudiciales. Del mismo modo el Consistorio ha firmado un convenio de buenas prácticas con las operadoras para crear una comisión de seguimiento e intermediación para los conflictos.

La cuna de la Democracia y el poder económico

COMUNICACIONES-GRECIA:Experimento masivo de biología Por Apostolis Fotiadis
ATENAS, sep (IPS) - El pequeño aparato negro que Panagiotis Vovos sostiene en la mano puede medir el voltaje de las antenas de transmisión de una red de telefonía móvil y detecta hasta siete voltios por metro.

Ese voltaje es superior al máximo permitido de entre 0,2 y seis voltios por metro en muchos países europeos, de seis voltios por metro en China o de un voltio por metro en Rusia. Pero está muy por debajo del límite legal de Grecia, que llega a 33 voltios por metro. "Si el indicador está siempre en rojo, quiere decir que la antena está instalada en uno de los edificios cercanos y que probablemente hay personas bombardeadas de radiaciones muchas horas al día", explicó Vovos a IPS.

En muchos casos, cuando se instala una antena, las personas comienzan a quejarse de dolor de cabeza, dificultad de concentración y memorización, insomnio y mareos. Hay algunos pocos casos que vinculan graves problemas de salud con una prolongada exposición a las radiaciones. El caso más conocido en Atenas es el de la calle Terpandru, donde 10 personas que viven a 40 metros de una antena presentan tumores y leucemia. Las compañías de telefonía móvil niegan que las antenas representen un riesgo para las personas y aseguran a la población que todas sus estaciones operan con menos de 33 voltios por metro, por debajo del límite establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), de 45 voltios.

"No le creo a esa organización", sostuvo Vovos. "Es la misma que promueve los organismos genéticamente modificados en el tercer mundo. Está muy cerca del ambiente corporativo como para creerle".

La comunidad científica griega se muestra cada vez más preocupada por las radiaciones producidas por los transmisores. "El nivel actual de exposición aceptable a las radiaciones se fija de acuerdo con las reacciones termales de los organismos vivos. Es decir, por el aumento de temperatura que implican", dijo a IPS Loukas Margaritis, profesor de biología molecular y radiobiología de la Universidad Nacional de Kapodistrián, de Atenas.

"Hoy está probado que la mayoría de los efectos biológicos causados por el contacto de los seres humanos con los campos electromagnéticos artificiales no resultan en un aumento de la temperatura. Por ello, tenemos razón de desconfiar de los actuales límites de seguridad, que obedecen a criterios políticos y económicos, no científicos", explicó.

Recientes investigaciones establecieron una relación entre tipos específicos de cáncer y la exposición prolongada sin precaución a la radiación de antenas. En los últimos seis meses, el aumento de quejas por antenas instaladas cerca de sitios vulnerables como escuelas y hospitales, combinadas con la falta de información creíble, causó preocupación entre la población.

Ciudadanos comenzaron a organizarse para crear conciencia y denunciar una serie de irregularidades en el uso de esas antenas. Algunas personas quisieron ver los permisos de instalación de esos dispositivos en su barrio y descubrieron que las solicitudes nunca habían sido remitidas.

"Las empresas se ponen en contacto directamente con los vecinos por intermedio de sus representantes legales, y los convencen, sustancioso pago mediante, de instalar la antena en su edificio", sostuvo Vovos.

"Incluso, a veces, la camuflan como si fuera una caldera y la gente ni se entera de su existencia", apuntó.

La preocupación suele agravarse por la falta de transparencia en la forma en que las autoridades tratan los pedidos de información de los ciudadanos.

En marzo, una mujer pidió al Comité de Energía Atómica que midiera el voltaje de dos antenas en la calle Rodou, donde vive. Al mes siguiente, recibió una carta en la que se le aseguraba que ambas operaban por debajo del límite permitido. "Me sentí segura, pero no duró mucho", relató la mujer. "Al poco tiempo me enteré de que existía una segunda carta que decía que el voltaje era superior al permitido". Hurgando en la documentación del comité, un activista encontró una segunda misiva dirigida al Comité de Telecomunicaciones y Servicios Postales, responsable de otorgar los permisos a las compañías instaladoras.

El laxo marco legal es en gran parte responsable de que las compañías de telecomunicaciones tengan un significativo espacio de maniobra. Según la legislación vigente, las solicitudes de instalación que no reciben respuesta en un mes son aprobadas de forma automática, aun si carecen de importante documentación como un estudio ambiental o la aprobación del Comité de Energía Atómica.

Tampoco identifica cuál es el organismo responsable de fijar las penas contra las empresas infractoras. Por eso, aparte de unas pequeñas sanciones que las corporaciones sortean con facilidad, muchas antenas siguen en su lugar, aun cuando la compañía haya perdido el caso en la justicia. La ley incluso habilita su camuflaje arguyendo que eso contribuye a mantener la uniformidad urbana.

Los concejos municipales de Atenas y Piraeus, área en las que habitan más cinco millones de personas, se hicieron eco de las preocupaciones de la población y recomendaron revisar las normas. Pero la lentitud de los procedimientos legales no conforma a los ciudadanos. Algunas personas inutilizaron con sus propias manos las antenas instaladas sin permiso e, incluso, las destruyeron después de que la compañía las volviera a habilitar.

"La exposición a gran escala de millones de personas en el mundo a los campos electromagnéticos de las redes de telefonía móvil es el mayor experimento biológico que jamás se haya hecho", señaló Margaritis. "En vez de esperar los resultados, tenemos que actuar de forma preventiva.

El ejemplo de Bélgica, que en febrero redujo su límite máximo de 27 voltios por metro a tres, junto a una propuesta de reducirlo hasta 0,6, es una buena guía", concluyó. (FIN/2007)